Blanca no aceptó
el silencio

El 29 de septiembre de 2005, siete días después de la aparición del cadáver flotando en aguas de Lidingö-Estocolmo portando en el bolsillo de su pantalón una fotocopia intacta del DNI de Miguel Ángel, la policía de Bilbao notificó telefónicamente a la familia lo ocurrido, a las 20:00 horas. Les dijeron que «le habían matado» y que «le habían cortado una mano».

El viernes 30 de septiembre, la policía de Estocolmo trasladó al Consulado de España y a la policía española que: el cadáver aún no había sido identificado y que parecía que tendría que realizarse la prueba de ADN; que era imposible su identificación por huellas dactilares; que se desconocía si había sido consecuencia de un acto criminal; que la investigación se encontraba bajo secreto de sumario; y que no se preveía una resolución inmediata. Ese mismo día, en la Comisaría de Bilbao realizaron las pruebas de ADN a los padres de Miguel Ángel.

Y sin embargo, en el libro de cadáveres identificados de la Comisaría de Estocolmo figuraba desde el 28 de septiembre: Miguel Ángel Martínez.

A primera hora del lunes 3 de octubre, misteriosamente todo cambió: no había secreto de sumario, al día siguiente se identificaría el cadáver con esa mano que hasta ese momento era imposible identificar, la causa de la muerte era ahogamiento y se trataba de un suicidio.

Nadie le explicó por qué el cuerpo llegó a Londres sin corazón, sin páncreas, sin el 60% del hígado. Nadie dio respuesta a los pulmones sanos que contradecían el ahogamiento. Nadie investigó la fotocopia del DNI intacta tras semanas en el agua. A nadie importó que no existiera un Certificado de Identificación, que no hubiera fotografías del cadáver, ni que no se permitiera el reconocimiento a la familia.

Lo que siguió fue una carrera de obstáculos institucionales: miles de emails pidiendo explicaciones, denuncias sobreseídas, comisiones rogatorias ignoradas, una exhumación que tardó 16 años en ejecutarse, un archivo de la Audiencia Nacional por «prescripción» — sin haber ejecutado la exhumación aunque el Reino Unido ya había concedido los permisos. Y en 2026, una petición al Parlamento Europeo que sigue abierta y activa.

Lo que nunca debería haber
sido mi trabajo

Identificar a un cadáver no es obligación de una familia. Es obligación del Estado. Durante 16 años pedí a las instituciones españolas, suecas y europeas el Certificado de identificación del cadáver aparecido en Estocolmo en septiembre de 2005. Un documento que debería haber existido desde el 4 de octubre de 2005. Un documento que la propia policía de Estocolmo admitió en 2014 que no existía en sus archivos.

Nadie lo entregó. Porque no existía.

Pedí tres autorizaciones de exhumación al Ministerio de Justicia británico — en 2018, 2019 y 2021. No era una cuestión de dinero. Era una cuestión de justicia: lo que intenté durante años fue que las instituciones españolas y vascas hicieran lo que les correspondía por obligación. Que la Audiencia Nacional, el Ayuntamiento de Getxo, el Gobierno Vasco asumieran su responsabilidad.

La Audiencia Nacional tuvo el caso cinco años en un cajón y lo archivó en abril de 2019 — justo cuando estaba más cerca de ejecutar la exhumación, justo cuando solo faltaba enviar un documento a las autoridades británicas. El Ayuntamiento de Getxo y el Gobierno Vasco prometieron y no cumplieron. El Gobierno Vasco encargó sin mi conocimiento ni consentimiento un informe pericial elaborado con solo cuatro de los treinta y seis documentos del caso — que concluía que los procedimientos forenses suecos eran correctos.

Al final, fue el equipo del documental quien hizo posible lo que el Estado no quiso hacer. La productora contrató al forense español Dr. Aitor Curiel, a quien yo no conocía de nada. El 20 de julio de 2021 se realizó la exhumación en el cementerio de Gunnesbury, Londres. El 14 de septiembre, el informe confirmó lo que siempre sostuve: Miguel Ángel no murió ahogado, no se suicidó, llevaba muerto mucho tiempo antes de entrar en el agua. El 20 de septiembre de 2021, las pruebas de ADN lo confirmaron oficialmente. Era él.

Nun Hago Elkartea

Durante estos veinte años, mientras buscaba justicia para Miguel Ángel, fui encontrando a otras familias. Familias que estaban solas con el mismo dolor, con las mismas puertas cerradas, con el mismo silencio institucional. Familias a las que nadie escuchaba porque su caso no salía en los medios, porque no tenían recursos, porque la desaparición había ocurrido fuera de España y nadie se sentía responsable.

Compartimos experiencias, lágrimas, estrategias, fracasos. Y en ese proceso aprendí cosas que no se aprenden en ninguna universidad: aprendí sobre el dolor de verdad, sobre la empatía, sobre lo que significa acompañar a alguien que está en el fondo del pozo sin que ninguna institución tienda una mano.

El 22 de noviembre de 2018 fundé Nun Hago Elkartea en Algorta-Getxo. Una asociación sin ánimo de lucro para familiares de víctimas de desaparición y de delito violento en el extranjero. Porque lo que me estaba ocurriendo a mí le estaba ocurriendo a mucha más gente — y la mayoría no lo sabía, porque estaban solos.

En el estado español hay más de 10.000 personas desaparecidas. La mayoría nunca han salido en los medios. No es casualidad: a mayor difusión, mayor apoyo institucional. Cuando la desaparición o el delito ocurren fuera de nuestras fronteras, las familias nos encontramos solas: sin apoyo consular real, sin competencia policial clara, sin nadie que coordine.

TODAS las familias de VÍCTIMAS tenemos derecho a un trato digno, igualitario, a la verdad, justicia, reconocimiento y reparación.

Blanca no aceptó
el silencio

El 29 de septiembre de 2005, siete días después de la aparición del cadáver flotando en aguas de Lidingö-Estocolmo portando en el bolsillo de su pantalón una fotocopia intacta del DNI de Miguel Ángel, la policía de Bilbao notificó telefónicamente a la familia lo ocurrido, a las 20:00 horas. Les dijeron que «le habían matado» y que «le habían cortado una mano».

El viernes 30 de septiembre, la policía de Estocolmo trasladó al Consulado de España y a la policía española que: el cadáver aún no había sido identificado y que parecía que tendría que realizarse la prueba de ADN; que era imposible su identificación por huellas dactilares; que se desconocía si había sido consecuencia de un acto criminal; que la investigación se encontraba bajo secreto de sumario; y que no se preveía una resolución inmediata. Ese mismo día, en la Comisaría de Bilbao realizaron las pruebas de ADN a los padres de Miguel Ángel.

Y sin embargo, en el libro de cadáveres identificados de la Comisaría de Estocolmo figuraba desde el 28 de septiembre: Miguel Ángel Martínez.

A primera hora del lunes 3 de octubre, misteriosamente todo cambió: no había secreto de sumario, al día siguiente se identificaría el cadáver con esa mano que hasta ese momento era imposible identificar, la causa de la muerte era ahogamiento y se trataba de un suicidio.

Nadie le explicó por qué el cuerpo llegó a Londres sin corazón, sin páncreas, sin el 60% del hígado. Nadie dio respuesta a los pulmones sanos que contradecían el ahogamiento. Nadie investigó la fotocopia del DNI intacta tras semanas en el agua. A nadie importó que no existiera un Certificado de Identificación, que no hubiera fotografías del cadáver, ni que no se permitiera el reconocimiento a la familia.

Lo que siguió fue una carrera de obstáculos institucionales: miles de emails pidiendo explicaciones, denuncias sobreseídas, comisiones rogatorias ignoradas, una exhumación que tardó 16 años en ejecutarse, un archivo de la Audiencia Nacional por «prescripción» — sin haber ejecutado la exhumación aunque el Reino Unido ya había concedido los permisos. Y en 2026, una petición al Parlamento Europeo que sigue abierta y activa.

Lo que nunca debería haber
sido mi trabajo

Identificar a un cadáver no es obligación de una familia. Es obligación del Estado. Durante 16 años pedí a las instituciones españolas, suecas y europeas el Certificado de identificación del cadáver aparecido en Estocolmo en septiembre de 2005. Un documento que debería haber existido desde el 4 de octubre de 2005. Un documento que la propia policía de Estocolmo admitió en 2014 que no existía en sus archivos.

Nadie lo entregó. Porque no existía.

Pedí tres autorizaciones de exhumación al Ministerio de Justicia británico — en 2018, 2019 y 2021. No era una cuestión de dinero. Era una cuestión de justicia: lo que intenté durante años fue que las instituciones españolas y vascas hicieran lo que les correspondía por obligación. Que la Audiencia Nacional, el Ayuntamiento de Getxo, el Gobierno Vasco asumieran su responsabilidad.

La Audiencia Nacional tuvo el caso cinco años en un cajón y lo archivó en abril de 2019 — justo cuando estaba más cerca de ejecutar la exhumación, justo cuando solo faltaba enviar un documento a las autoridades británicas. El Ayuntamiento de Getxo y el Gobierno Vasco prometieron y no cumplieron. El Gobierno Vasco encargó sin mi conocimiento ni consentimiento un informe pericial elaborado con solo cuatro de los treinta y seis documentos del caso — que concluía que los procedimientos forenses suecos eran correctos.

Al final, fue el equipo del documental quien hizo posible lo que el Estado no quiso hacer. La productora contrató al forense español Dr. Aitor Curiel, a quien yo no conocía de nada. El 20 de julio de 2021 se realizó la exhumación en el cementerio de Gunnesbury, Londres. El 14 de septiembre, el informe confirmó lo que siempre sostuve: Miguel Ángel no murió ahogado, no se suicidó, llevaba muerto mucho tiempo antes de entrar en el agua. El 20 de septiembre de 2021, las pruebas de ADN lo confirmaron oficialmente. Era él.

Nun Hago Elkartea

Durante estos veinte años, mientras buscaba justicia para Miguel Ángel, fui encontrando a otras familias. Familias que estaban solas con el mismo dolor, con las mismas puertas cerradas, con el mismo silencio institucional. Familias a las que nadie escuchaba porque su caso no salía en los medios, porque no tenían recursos, porque la desaparición había ocurrido fuera de España y nadie se sentía responsable.

Compartimos experiencias, lágrimas, estrategias, fracasos. Y en ese proceso aprendí cosas que no se aprenden en ninguna universidad: aprendí sobre el dolor de verdad, sobre la empatía, sobre lo que significa acompañar a alguien que está en el fondo del pozo sin que ninguna institución tienda una mano.

El 22 de noviembre de 2018 fundé Nun Hago Elkartea en Algorta-Getxo. Una asociación sin ánimo de lucro para familiares de víctimas de desaparición y de delito violento en el extranjero. Porque lo que me estaba ocurriendo a mí le estaba ocurriendo a mucha más gente — y la mayoría no lo sabía, porque estaban solos.

En el estado español hay más de 10.000 personas desaparecidas. La mayoría nunca han salido en los medios. No es casualidad: a mayor difusión, mayor apoyo institucional. Cuando la desaparición o el delito ocurren fuera de nuestras fronteras, las familias nos encontramos solas: sin apoyo consular real, sin competencia policial clara, sin nadie que coordine.

TODAS las familias de VÍCTIMAS tenemos derecho a un trato digno, igualitario, a la verdad, justicia, reconocimiento y reparación.