DAVID OLABARRI. Aunque parezca increíble, los padres de Miguel Ángel Martínez no tienen una sola prueba de que el cadáver que enterraron en Londres hace 13 años sea el de su hijo. En otras circunstancias, esta familia de Algorta trataría de pasar página y superar lo mejor posible su ausencia. Pero el problema es que nada de lo que ha ocurrido con Miguel Ángel desde que apareció flotando a orillas del fiordo de Lidingö (Suecia) ha sido normal.
Para empezar no existen fotografías del levantamiento del cadáver ni de la autopsia. Otro dato: Miguel Ángel fue identificado por una fotocopia de su carné de identidad, a pesar de que supuestamente llevaba días –incluso semanas– flotando en el agua. Y cuando su cuerpo llegó a Londres, donde había manifestado su deseo de ser enterrado, descubrieron que le faltaban el corazón y parte del hígado. Un descubrimiento que les hizo sospechar que alguien mató a Miguel Ángel para traficar con sus órganos. Ahora, su familia necesita una evidencia científica. Para poder responder a algunas de las preguntas que vienen atormentándoles desde entonces. Y, sobre todo, para poder descansar.
NUN HAGO ELKARTEA
Blanca, su hermana, lleva años acumulando decenas de documentos oficiales que muestran «infinidad de irregularidades», tal y como publicó este diario. Más de una década en la que esta familia vizcaína se ha sentido «absolutamente abandonada» por las instituciones suecas, españolas y vascas. Les reprochan una «inacción» y una «falta de sensibilidad» que, tal vez, está «relacionada» con el hecho de que el caso de Miguel Ángel no trascendiese públicamente.
En este contexto, Blanca consiguió hace unos meses un permiso excepcional del Ministerio de Justicia británico para exhumar el cadáver de su hermano. Una medida que también había sido solicitada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Tiene autorización hasta el 19 de julio para realizar las pruebas que determinen si es su hermano el que está enterrado en Londres. Pero tiene un problema. El cementerio le pide 8.000 euros por exhumar el cadáver. Todo el proceso –incluidos los gastos del forense, la prueba de ADN y los desplazamientos– puede ascender a unos 12.000 euros. Y Blanca necesita ayuda de las instituciones porque todo lo que está pasando es fruto de la «mala gestión» de las autoridades. «Mi familia no ha buscado nada de esto. Sólo somos víctimas de un cúmulo de negligencias», subraya Blanca.
Esta vizcaína ha solicitado «apoyo económico y acompañamiento» al alcalde de Getxo y a otras instituciones como el Gobierno vasco. Sigue «esperando respuesta». También ha impulsado una asociación (Nun Hago Elkartea) de familiares de víctimas de desaparecidos y de delitos violentos en el extranjero. Entiende que es «lo justo» después de todo lo que han pasado y después de ver cómo a otras personas se les ha ayudado económicamente en sus causas.